Cuando uno echa un ojo a la Constitución Política del Perú y busca la palabra “asamblea” no la encuentra. Simplemente no existe. Es decir, quienes la idearon ni siquiera pensaron en este término como un medio participativo, mucho menos como un recurso para su reforma. En efecto, la Constitución peruana es tediosa cuando se trata de implantar en ella una transformación total o parcial. A pesar de esto, el máximo documento posee 22 modificaciones en sus artículos, desde su creación en 1993.

Dicho esto, parece ser que el rumbo por el cual Pedro Castillo y su agrupación Perú Libre van en busca de la reposición totalitaria es nulo. La asamblea constituyente no se prevé por ninguna parte, habría que incluirla como mecanismo de cambio (como Chile) en el artículo 206, o tomar un acuerdo entre bancadas para que se establezca una (como se hizo en 1978).

Nuestra carta magna es clara: para su reforma se requiere una iniciativa que debe provenir desde el Poder Ejecutivo, los congresistas o 0,3 % de electores, para luego ser aprobada por el Congreso con una mayoría absoluta (66 votos) e ir a la consulta popular por medio del referéndum y obtener un 50 % + 1 en sentido favorable; asimismo, podría ser admitida en votación por 2/3 del Congreso (87 parlamentarios) en un par de legislaturas consecutivas (de 120 días cada una). Por su parte, si el proyecto presentado por la ciudadanía es rechazado en el Congreso, esta puede apelar al congregar un 10 % de firmas del electorado, lo cual daría pase libre al referéndum en cuestión.

Este último planteamiento es muy interesante… la única carta bajo la manga (ya que el proceso de aprobación por el Congreso es en evidencia negativo). Recordemos pues, el caso de los fonavistas, quienes en el 2010 incitaron al referéndum para que se haga efectivo la devolución de su dinero por parte del FONAVI. Luego de haber recolectado el 0,3 % de firmas, acudieron en primera instancia ante el Congreso, el cual rechazó su pedido; como lo dice la Ley, tomaron la segunda instancia al recolectar un 10 % de firmas y dejar la decisión a voto público por medio del referéndum. Se logró.

¿Es posible que la idea bandera de Perú Libre para reformar totalmente la Constitución se dé igualitariamente al caso mencionado? Por supuesto que sí. La pregunta es si ese poco más del 50 % que acompañó al maestro chotano en la segunda vuelta, lo acompañará también en el referéndum.

Lo cierto es que, durante las últimas semanas, múltiples encuestadoras han demostrado que el peruano promedio –sí, ese 70% que no votó por el “comunista” ni la “demócrata”–, es consciente de que se requieren cambios en nuestra Constitución, modificaciones que aporten a temas puntuales, pero no muestra ánimos de que la destruyan por completo.

De todos modos, quienes proponen una nueva Constitución deben tomar en cuenta que tras ella se esconde una ilusión, que espera erradicar profundamente las condiciones injustas en las que vive un grueso de la población. No obstante, no se toma precaución de que muchos de los asuntos por los que se incentiva su cambio no son temas explícitos de este documento, pues se sujetan mayormente a caracteres de gestión, ejecución o regulación (como la tan cuestionada carga impositiva tributaria).

Pueda ser, que lo que toma fuerza es un gran simbolismo de escapar de aquella Constitución que fue redactada a partir de un autogolpe, erigida por una dictadura y que, efectivamente, desencadenó en el gobierno más corrupto de toda la historia republicana del Perú.